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26 de marzo de 2021

Sesión abierta 2021 de la Competencia Willem C. Vis sobre Arbitraje Comercial Internacional


La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires invita a todos los interesados a presenciar una sesión abierta de práctica del equipo que representará este año a la Facultad en las rondas internacionales de la Competencia “Willem C. Vis” sobre arbitraje comercial internacional. La sesión abierta consistirá en una simulación de audiencia similar a las que el equipo tendrá en la competencia internacional y tendrá lugar hoy viernes 26 de marzo de 2021 a las 17 h, por Zoom.

Programa:

  • 17 a 17:15 h: Introducción al caso, puntos de conflicto y cuestiones sobre las que alegarán las partes.
  • 17.15 a 18.15 h: Sesión pública del equipo de la UBA.
  • 18.15 a 18:45 h: Comentarios del tribunal al desarrollo de la audiencia. Agradecimientos y clausura de la sesión.

El Tribunal Arbitral estará integrado por:

  • Jean Paul Dechamps, Socio de Dechamps International Law;
  • Agustina Fanelli Evans, Socia de O’Farrell; e
  • Ignacio Minorini Lima, Socio de Bruchou.

La audiencia se desarrollará en inglés, sin traducción.

Entrada libre sin inscripción previa.

Unirse a la reunión
ID de reunión: 815 9904 8738
Código de acceso: 501312

22 de marzo de 2021

Nuevas adhesiones al Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños

El 9 de febrero de 2021 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes dictó el Acuerdo N° 2 por el cual resolvió “1°) Adherir al Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños" elaborado por la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Un mes antes, el 12 de enero de 2021 la Corte de Justicia de la provincia de Salta dictó la Acordada N° 13276 por la cual adhirió al mismo Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños aprobado por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ). En la misma Acordada se dispuso la participación del Poder Judicial de Salta en la experiencia piloto para la implementación de la mediación a la aplicación de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños.

Estas novedades nos sirven de excusa para repasar brevemente las diferentes normas que regulan el proceso de restitución internacional en nuestro país.

El mencionado Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños es un instrumento de soft law que tiene por finalidad brindar pautas de actuación a los operadores del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio de La Haya) y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 (Convención Interamericana).

La provincia de Salta sigue los pasos de otras provincias que también se adhirieron al mencionado Protocolo de actuación. Tucumán lo hizo mediante Acordada N° 625/2017; San Luis hizo lo propio mediante Acuerdo N° 654/2018; Río Negro se adhirió por Acordada N° 15/2018; La Pampa se adhirió por Acuerdo N° 3629/2019; y Chubut se adhirió por Acuerdo Plenario N° 4691/18.

20 de marzo de 2021

Seminario "Derecho Internacional Privado en debate: Temas selectos"



La Secretaría de Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba organiza el seminario "Derecho internacional privado en debate: temas selectos" que se llevará a cabo los días martes 9, 16, 23, y 30 de abril de 2021.
Debatirán, entre otros, Sixto Sánchez Lorenzo, Adriana Dreyzin de Klor, Daniel Trecca, Carlos Echegaray de Maussion, Mayela Celis, Amalia Uriondo de Martinoli, José Carlos Fernández Rozas, y María Elsa Uzal.

Inscripciones en: https://forms.gle/fQa2F8tVCckQHYn2A


Actualización con el cronograma de temas y expositores

17 de marzo de 2021

Convenio de Montreal de 1999 sobre Transporte Aéreo Internacional. Nuevos límites de responsabilidad

El Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional, más conocido como CONVENIO DE MONTREAL DE 1999, se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración.

En Argentina el Convenio fue aprobado por Ley N° 26.451, y se encuentra vigente desde el 14/02/2010.

A marzo de 2021 el Convenio ha sido ratificado por 137 Estados -entre los que se encuentran los principales destinos desde nuestro país, y los países con mayor tráfico aéreo- por lo que creemos que sin dudas ya ha alcanzado su objetivo de “modernizar y refundir el Convenio de Varsovia y los instrumentos conexos” aunque la jurisprudencia argentina todavía mantenga dudas al respecto.

La convención dispone en sus artículos 21 y 22 límites a la responsabilidad en casos de muerte o lesiones de los pasajeros, y respecto al retraso, el equipaje y la carga. Con el fin de mantener el valor de estos topes y evitar su licuación por el paso del tiempo, los límites están fijados en DEG’s (Derechos Especiales de Giro) que es un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969.

Sin perjuicio de esto, y de conformidad con el art. 24, los límites de responsabilidad deben ser revisados y actualizados por la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI, en su calidad de Depositario, cada cinco años para preservarlos de los efectos de la inflación.

En cumplimiento de este procedimiento la OACI revisó los límites en los años 2009 y 2019, y esta última actualización de los montos se encuentra vigente desde el 28 de diciembre de 2019.

No se trata precisamente de una novedad, pero considerando que muchos tribunales continúan aplicando el límite original de la convención es evidente que se necesita una mayor difusión.

En el cuadro de abajo se observa el límite original en la Convención, y las dos revisiones realizadas en los años 2009 y 2019. En la última columna, y solo a modo de ejemplo, se convierten a pesos los montos al día 16/03/21.

 

Convenio de Montreal de 1999

Límites originales en DEG

Límites revisados al 30/12/09 en DEG

Límites revisados al 28/12/19 en DEG

Monto en pesos al 16/03/21

Artículo 21

100 000

113 100

128 821

$16.780.498,23

Artículo 22, párrafo 1

4 150

4 694

5 346

$696.381,36

Artículo 22, párrafo 2

1 000

1 131

1 288

$167.777,62

Artículo 22, párrafo 3

17

19

22

$2.865,76

 

19 de octubre de 2020

Las TIC's y el Derecho Internacional Privado



 

27 de mayo de 2020

¿Un Derecho Internacional Privado frente al pánico global?


La sección de Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional organiza este jueves 28 de mayo de 2020 de 17 a 19 hs un encuentro académico teórico – práctico vía Zoom titulado ¿Un Derecho Internacional Privado frente al pánico global?

Los expositores y temas a tratar son:

Oscar González Pereira - Los interrogantes del contrato de trabajo internacional ante el Covid 19.

Julio César Córdoba – Vuelos cancelados, vacaciones frustradas ¿Qué soluciones brinda el DIPr?

Analía Consolo – El derecho de las niñas y niños de cara al Covid 19.

Alejandro A. Menicocci – Arbitraje comercial internacional ante la pandemia.

Inscripciones al mail seccionprivado@aadi.org.ar


14 de mayo de 2020

Instrumentos internacionales aplicables a los efectos del Covid 19 sobre los contratos internacionales

María Blanca Noodt Taquela *

 

                   I.            Introducción. [1]

El impacto del COVID 19 en los contratos internacionales requiere en primer lugar un análisis de los instrumentos internacionales aplicables. Vamos a analizar en primer lugar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Viena el 11 de abril de 1980 y otros tratados sobre compraventa; en segundo lugar, los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales de 1994 y en tercer lugar otros instrumentos internacionales.

 

                II.            Convención de Viena de 1980 y otros tratados sobre Compraventa Internacional de Mercaderías.

El artículo 79 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Viena el 11 de abril de 1980, es la norma que regula la exoneración de responsabilidad de la parte que no cumple el contrato debido a un impedimento ajeno a su voluntad, que era imprevisible en el momento de la celebración del contrato, y que no puede ser evitado o superadas sus consecuencias.

La caracterización del impedimento está expresada en el primer párrafo del artículo 79 en estos términos:

Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase sus consecuencias.

La Convención de Viena de 1980 tiene 93 Estados Partes[2] pero su ámbito de aplicación es mayor, ya que no solo se aplica cuando el establecimiento del vendedor y el del comprador se encuentran en distintos Estados Partes (artículo 1.1.a), sino también cuando el contrato de compraventa se rige por el derecho de un Estado Parte (artículo 1.1.b).[3]

En líneas generales puede decirse que la Convención es aplicable cuando el domicilio o establecimiento del vendedor se encuentra ubicado en un Estado Parte de la Convención, salvo que se haya pactado alguna de las cláusulas D de los INCOTERMS[4] de la Cámara de Comercio Internacional que implican la entrega de las mercaderías en el país del comprador y por ende hacen aplicable su derecho al contrato de compraventa. Esta determinación del derecho aplicable resulta de los artículos 37 y 38 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 o 33 y 34 del Tratado de Montevideo de 1889 o del artículo 2652 del CCCN argentino, que son las fuentes normativas que debe utilizar un juez argentino para determinar el derecho aplicable a un contrato de compraventa internacional de mercaderías.

La Convención sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Nueva York, el 14 de junio de 1974 tiene 30 Estados Partes. Fue enmendada por el Protocolo adoptado en Viena el 11 de abril de 1980, para adecuar la Convención de 1974 a la Convención de Compraventa de 1980 y el instrumento enmendado tiene 23 Estados Partes.[5]

La aplicación del artículo 79 de la Convención de Viena de 1980 depende también de la autonomía de la voluntad de las partes, ya que éstas podrían dejar de lado esa norma o la totalidad de la Convención o agregar condiciones y efectos, por el amplísimo margen que otorga el artículo 6 de la misma Convención.[6]

Desde nuestro punto de vista, también podrían las partes pactar la aplicación del artículo 79 o la totalidad de la Convención en los casos en que ella no resulte aplicable, en tanto el sistema del derecho internacional privado del juez que entienda en la causa lo autorice. Así, si intervinieran los tribunales argentinos, el artículo 2651 del Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015 – particularmente su inciso c) – da amplio margen a los contratantes para adoptar la Convención de Viena.

La pandemia del Corona virus en sí misma, y las medidas adoptadas por los Estados en consecuencia, pueden encuadrarse en el artículo 79 de la Convención de Viena de 1980, en tanto situación de fuerza mayor que impide a una de las partes o eventualmente a ambas cumplir el contrato. Sin embargo, dependiendo de la fecha en que se haya celebrado el contrato internacional, los países desde donde y hacia donde estuviera previsto que se trasladaran las mercaderías y otras circunstancias del caso, no siempre se configurará el supuesto de fuerza mayor. ¿Cabe la posibilidad de plantear excesiva onerosidad o teoría de la imprevisión si es aplicable esta Convención?

La posibilidad de invocar una excesiva onerosidad en el marco del artículo 79 de la Convención de Viena de 1980 ha generado opiniones encontradas[7], que llevaron a que el Consejo Consultivo en materia de compraventa internacional de mercancías se pronunciara sobre el tema en su Opinión n° 7 del año 2007, dictaminando que el artículo 79 incluye la excesiva onerosidad o “hardship”. Transcribimos una parte de la Opinión Consultiva, cuyo relator fue el profesor argentino Alejandro M. Garro:

Opinión nº 7 del Consejo Consultivo en materia de compraventa internacional de mercancías (CISG-AC) [8] sobre Exoneración de responsabilidad por daños bajo el artículo 79 de la CISG, Wuhan, República Popular de China, 12 de octubre de 2007.

Un cambio de circunstancias que no pudiera ser razonablemente previsto, haciendo su cumplimiento excesivamente oneroso (“hardship”), puede cualificarse como un “impedimento” de acuerdo con el artículo 79(1) […]

Por lo tanto, una parte que se encuentre a sí misma en una situación de “hardship” puede invocarlo como una causa de exoneración de la responsabilidad en aplicación del artículo 79.

Sucede que el Consejo Consultivo elaboró en febrero de 2020 la Opinión n° 20, adoptada en Puerto Vallarta, México, sobre el tema "Hardship" y cuyo relator fue Edgardo Muñoz.[9] Esta Opinión todavía no ha sido publicada y habrá que estar atentos a su aparición.

 

             III.            Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales 1994/2016.

 

Los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales fueron publicados en su primera edición en 1994, luego ampliados en 2004, 2010 y 2016.[10] Se trata de un instrumento que - al modo de los “Restatements” de Estados Unidos de América – recoge el trabajo realizado por expertos de países de diferentes culturas jurídicas; si bien están redactados como normas de una ley o tratado, no se trata de un instrumento vinculante, ya que no está destinado a ser aprobado por los Estados. Completan las denominadas “black letter” los comentarios explicativos, que son de mucha utilidad.

Los Principios deben ser aplicados obligatoriamente al contrato cuando han sido pactados por las partes, pero también pueden ser aplicados, como lo indica su Preámbulo, cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, la “lex mercatoria” o expresiones semejantes o cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato. También pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme o el derecho nacional y pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales.

La excesiva onerosidad (hardship) está contemplada en el artículo 6.2.2 de los Principios en estos términos:

(Definición de la “excesiva onerosidad” (hardship))

Hay “excesiva onerosidad” (hardship) cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido, y:

(a) dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del contrato;

(b) los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el momento de celebrarse el contrato;

(c) los eventos escapan al control de la parte en desventaja; y

(d) el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja.

Por su parte el artículo 7.1 de los Principios contiene una detallada regulación del incumplimiento. Además del tratamiento de la fuerza mayor en el artículo 7.1.7, hay que destacar que los Principios se ocupan de la subsanación del incumplimiento (artículo 7.1.4), de la concesión de un periodo suplementario para el cumplimiento (artículo 7.1.5) y de las cláusulas de exoneración de la responsabilidad (artículo 7.1.6).

Todas estas normas pueden ser de utilidad para abordar los contratos con prestaciones pendientes de cumplimiento como consecuencia de la pandemia desatada y de las medidas adoptadas en consecuencia por los Estados.

Además de los supuestos en que las partes acordaron la aplicación de los Principios, pueden ser considerados usos del comercio internacional, aunque sobre este punto las opiniones no son pacíficas. Los laudos arbitrales y la jurisprudencia estatal que aplica los Principios de UNIDROIT, sistematizados en la Base de datos UNILEX, administrada por UNIDROIT muestran las distintas posturas existentes.[11]

Los Principios UNIDROIT no excluyen la aplicación de normas imperativas o de policía dictadas por los Estados para enfrentar la crisis, tal como está contemplado en el artículo 1.4 de los Principios:

(Normas de carácter imperativo) Estos Principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional o supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes de derecho internacional privado.

 

             IV.            Otros Instrumentos internacionales.

Existen varios tratados internacionales que podrán ser aplicables según que se trate de contratos de transporte aéreo - Convención para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, adoptada en Montreal, el 28 de mayo de 1999 [12] - o de transporte marítimo de mercaderías - Convención internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos, firmada en Bruselas, el 25 de agosto de 1924[13] - o de contratos vinculados con derechos de autor o de propiedad intelectual en general, tales como el Convenio para la protección de las obras literarias y artísticas, firmado en Berna, el 9 de septiembre de 1886 y sus sucesivas enmiendas [14], o el Convenio para la protección de la propiedad industrial, adoptado en París, el 20 de marzo de 1883 y sus sucesivas revisiones.[15]

Si bien las medidas de cuarentena tomadas por los Estados reducen o eliminan totalmente el traslado de personas y de mercaderías y por ende el transporte internacional, la transmisión electrónica de datos se ha incrementado notablemente y los contratos internacionales que se ocupan de noticias, música, teatro, cine, plástica y arte en general imperan en este momento, así como el teletrabajo y la educación a distancia. No puede dejar de tenerse en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, firmada en Nueva York, el 23 de noviembre de 2005, aunque no haya sido aprobada por Argentina.

Claro que las nuevas tendencias metodológicas de elaboración o codificación del Derecho internacional privado agregan al clásico sistema de los tratados internacionales, otros instrumentos internacionales, tales como las leyes modelo [16], las guías legislativas, las recomendaciones, las guías de buenas prácticas y otras guías jurídicas[17]. Además, vinculados estrechamente con la autonomía de la voluntad, los usos del comercio internacional son incorporados por referencia por las partes y las cláusulas y los contratos modelo y las condiciones generales de contratación, tienen también una función muy importante en la contratación internacional.

Así la cláusula de fuerza mayor y de onerosidad excesiva (hardship) de la Cámara de Comercio Internacional, cuya primera publicación se realizó en 2003 y la segunda en marzo de 2020 reviste hoy suma importancia como herramienta apropiada para encarar situaciones de incumplimiento derivadas de la pandemia.

Por último, queremos mencionar la importancia que revisten en las actuales circunstancias los Códigos de ética o de conducta, que son elaborados y publicados en forma unilateral por una de las partes, pero esa parte queda sometida a esa normativa y obligada por los compromisos asumidos frente a la otra parte. En las contrataciones electrónicas y en general en las relaciones internacionales que se generan como consecuencia de los desarrollos tecnológicos, la utilización de este tipo de normas - Códigos de ética o Códigos de conducta – tienen una importancia creciente.



 

*Profesora de Derecho internacional privado de la Universidad de Buenos Aires y de la Academia de La Haya de Derecho Internacional en 2012.

[1]  Este trabajo está basado en la exposición realizada en la Jornada intercátedras de Derecho internacional privado “El impacto del COVID 19 en los contratos internacionales” que tuvo lugar el viernes 8 de mayo de 2020, en el que participaron también las profesoras María Susana Najurieta, María Elsa Uzal y Carolina D. Iud,  disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qdIYDqGKtXY&t=11s

[2]  Información al 8 de mayo de 2020, disponible en:  www.uncitral.un.org 

[3]  El ámbito de aplicación “extendido” del art. 1.1.b) puede ser dejado de lado por los países que formularon la reserva respectiva, que son Armenia, China, Eslovaquia, Estados Unidos de América, República Popular de Lao, San Vicente y las Granadinas y Singapur. Ver:  www.uncitral.un.org. Es interesante mencionar que, al ratificar la Convención, el Gobierno de Alemania declaró que no aplicaría el inciso b) del párrafo 1) del artículo 1 con respecto a cualquier Estado que hubiese hecho una declaración por la que ese Estado no aplicaría el inciso b) del párrafo 1) del artículo 1, es decir Alemania no formuló la reserva, pero la bilateraliza. Sobre la aplicación de la Convención y otros tratados internacionales ver: María Blanca Noodt Taquela “Cuándo deben aplicarse los tratados de Derecho internacional privado” en Revista La Ley, Buenos Aires, 14 de marzo de 2018, pp. 1-6; La Ley-2018-B, pp.678 ss; cita on line: AR/DOC/449/2018.

[4] Los INCOTERMS fueron publicados por primera vez por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y actualmente existe la edición INCOTERMS 2020. Ver:  https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020

[5] La información sobre el estado de ratificaciones y adhesiones de ambos tratados está actualizada al 8 de mayo de 2020: ver:  www.uncitral.un.org 

[6] Guerrero-Rocca, Gilberto A. “Arbitraje internacional al ‘rescate’ de la CISG en tiempos del COVID-19”, disponible en: https://ciarglobal.com/arbitraje-internacional-al-rescate-de-la-cisg-en-tiempos-del-covid-19/

[7]  Puede verse un análisis de las distintas opinions en Schwenzer, Ingeborg “Force majeure and hardship in international sales contracts”, Victoria University of Wellington Law Review, 39 (4), 2009, pp. 709-726.

[8] Disponible, incluso en español en  https://www.cisgac.com/

[9] http://www.cisgac.com/schedule-of-work/ No se encuentra publicada al 12 de mayo de 2020.

[10]  Disponibles, incluso en español  en https://www.unidroit.org/contracts

[11] http://www.unilex.info/

[12] La Convención de Montreal de 1999 fue aprobada por Argentina por ley 26.451, sancionada en 2008.

[13] La Convención de Bruselas de 1924 fue aprobada por Argentina por ley 15.787.

[14]  El Convenio para la protección de las obras literarias y artísticas, firmado en Berna, el 9 de septiembre de 1886 y sus sucesivas enmiendas, completado, revisado en París el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, fue aprobado por Argentina por ley 25.140, sancionada en 1999.

[15] El Convenio de Paris de 1883 fue aprobado por Argentina por ley 17.011.

[16] Entre muchas otras, se puede mencionar la ley modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional de 1985, modificada en 2006. Disponible en: http://www.uncitral.un.org

[17] Noodt Taquela, María Blanca “Actualización del Derecho Internacional Privado en la región: los esfuerzos nacionales” en Derecho internacional, Mundialización y Gobernanza (Jornadas de la ASADIP 2012), organizadores: Aníbal Sierralta, Claudia Lima Marques y José A. Moreno Rodríguez, Lima, CIAC/ASADIP/CEDEP, 2012, pp.119-132.


El impacto del COVID 19 en los contratos internacionales

El pasado viernes 8 de mayo de 2020 se desarrolló la Jornada intercátedras de Derecho internacional privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El tema abordado fue “El impacto del COVID 19 en los contratos internacionales”.
La actividad se realizó totalmente de manera virtual mediante Zoom, y tuvo un gran éxito de convocatoria por lo que se habilitó la transmisión vía streaming en vivo por Youtube para que todos los interesados pudieran participar.
Expusieron las profesoras María Blanca Noodt Taquela sobre "Instrumentos internacionales aplicables a los efectos sobre los contratos", María Susana Najurieta "Cláusulas de fuerza mayor de la Cámara de Comercio Internacional", María Elsa Uzal "La relevancia del abordaje del problema desde las normas de policía" y Carolina D. Iud "La obligación de mitigar los daños en los negocios internacionales ante la pandemia del COVID 19".
La jornada estuvo coordinada por Guillermo Argerich y fue organizada por Martín Murúa y Enrique Tourvel Munilla.
Para todos aquellos que no pudieron participar de la Jornada, la Facultad de Derecho ha subido el video de la actividad en su canal de Youtube al que pueden acceder mediante el siguiente link.

4 de mayo de 2020

El impacto del COVID 19 en los contratos internacionales



Las cátedras de Derehco Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires han organizado una interesante jornada inter cátedras para analizar el impacto del COVID 19 en los contratos internacionales.

La actividad será el próximo viernes 8 de mayo de 2020 de 15 a 18 hs. a través de Zoom.

Las expositoras y los temas que se tratarán son:

  1. Instrumentos internacionales aplicables a los efectos sobre los contratos.  María Blanca Noodt Taquela
  2. Cláusulas de fuerza mayor de la Cámara de Comercio Internacional. María Susana Najurieta
  3. La relevancia del abordaje del problema desde las normas de policía.  María Elsa Uzal
  4. La obligación de mitigar los daños en los negocios internacionales ante la pandemia del COVID 19. Carolina Iud

Coordina la actividad el profesor Guillermo Argerich.

La participación es abierta a docentes y alumnos/as, sin cargo y requiere inscripción previa por mail dirigido a Martín E. Murúa mmurua@derecho.uba.ar


27 de marzo de 2020

Denegación de justicia en dos casos recientes casos de DIPr


Esta semana publiqué los dos primeros fallos dictados en este 2020. Lamentablemente los dos son un ejemplo de la absoluta indiferencia que tienen muchos jueces por impartir realmente justicia.

Al filosofo Séneca se le atribuye decir que Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, y dos mil años más tarde la reflexión sigue más vigente que nunca. Y no digo esto porque estos juicios en concreto hayan tramitado durante muchos años, de hecho son dos expedientes nuevos. Pero existen algunos casos en los cuales la tardanza en impartir justicia directamente equivale a una denegación de justicia. Y a los dos casos que comento les cabe esa distinción.

Tal vez va siendo tiempo que los jueces sean obligados a responsabilizarse por los daños que ocasionan con la demoras en resolver los casos sometidos a su decisión. Y cuando hablo de los jueces me refiero a ellos personalmente; no al Poder Judicial o al Estado que en definitiva somos todos, sino a ellos, de su propio peculio.

El problema en tales casos sería ante quien reclamar la indemnización. Difícilmente un juez condene a un colega por demorarse en dictar una sentencia. Entre bomberos no se van a andar pisando la manguera.

No se me escapa que en muchas ocasiones la responsabilidad por las demoras en los juicios también corresponde a los abogados. Pero existe una diferencia, a los abogados nos corren los plazos. Si el escrito se presentó un minuto después de vencido el plazo es extemporáneo. En cambio a los jueces los plazos no los corren, cuando estos existen jamás los cumplen y no existe ninguna consecuencia por ello.
Antes de ingresar en su análisis, aclaro que no tengo ninguna participación en los expedientes y que atento el carácter reservado de los mismos solo conozco los hechos tal como surgen de las sentencias.
¿Quién paga los pasajes?
La primera sentencia fue dictada por la sala J de la Cámara Civil el 17/03/20 en la causa T. c. V. s. autorización.
Se trata de una familia en la que los padres están separados y los hijos viven con uno de ellos en Roma, Italia. Aparentemente han celebrado en sede judicial un convenio que incluye un régimen de visitas conforme el cual los hijos tienen que pasar una de las fiestas y unos días de vacaciones en Argentina.
El padre, que vive en nuestro país, solicitó se intime a la madre a abonar los pasajes aéreos para que sus hijos viajen desde Roma hacia Buenos Aires en la fecha más próxima al 26/12/19 y regresen a su lugar de residencia en la primera quincena del mes de enero de 2020. La madre se opone y contesta que ya los ha pagado.
Evidentemente existe una discrepancia en el cómputo del plazo para el pago de los pasajes aéreos: el padre alega que debe regirse por el año calendario y la madre que debe hacerlo por el año escolar de los menores. La jueza de primera instancia coincide con la postura de la madre y rechaza el reclamo, por lo que el padre interpone recurso de apelación.
La cámara recién resuelve a mediados de marzo quien debía pagar los pasajes para que los menores viajen en diciembre del año anterior: “en atención a las fechas señaladas, y teniendo en cuenta la reciente normativa emergente respecto a la situación de emergencia sanitaria actual tanto a nivel nacional como internacional, no cabe más que concluir que el tratamiento de la cuestión ha devenido abstracto”.
Para que quede claro, en lugar de resolver el planteo en tiempo y forma la Cámara dejó pasar el tiempo y luego declaró abstracta la cuestión. Y no puedo dejar de preguntarme ¿qué tendrá que ver el corona virus con la cuestión?
Por supuesto que primero el relator no se priva de aleccionar acerca del derecho deber que tiene el progenitor no conviviente de tener una fluida comunicación con su hijo, aunque no haga nada para garantizarlo.
En otro párrafo de la breve sentencia, y citando a la Corte, afirma que “Cuando se trata de resguardar el interés superior del niño atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, encausar los trámites por las vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela jurisdiccional”. Ni se sonrojan al afirmar que deben buscarse soluciones urgentes cuando justamente como consecuencia de que no lo hicieron la causa devino abstracta.
Pero tamaña hipocresía probablemente la hayan imitado de la Corte que vive proclamando que los casos de restitución internacional deben ser resueltos urgentemente -incluso llamando la atención a las instancias inferiores- pero cuando le toca resolver siempre demora meses.
Ríos de tinta se han vertido acerca de la importancia del factor tiempo en la justicia, y ello es particularmente cierto en los casos de derecho internacional privado de familia. Hago votos desde aquí, entonces, para no tener que publicar nunca mas sentencias como la aquí reseñada.
El buque ya zarpó (se les escapó la tortuga)

foto La Nación online

La segunda sentencia la dictó la sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal el 4 de marzo en la causa “Newayer Travel c. buqueRCGS Resolute s. embargo de buque/interdicción de navegar”.
El 3 de enero de 2020, la empresa “Newayer Travel”, con domicilio en la ciudad de Beijing, China, solicitó el embargo e interdicción del buque “RCGS RESOLUTE, IMO Nro. 9000168”, de bandera portuguesa, para asegurar el crédito que invoca tener contra la armadora del citado buque, “ONE OCEAN EXPEDITIONS INC.”, con domicilio en Edmonton, Canadá. A los fines de sustentar su reclamo, alegó que había celebrado un contrato de fletamento con la armadora del Buque “ONE OCEAN EXPEDITIONS INC.” para efectuar un viaje –tipo crucero- de diez días a la Antártida, con puerto de salida y arribo en las Islas Malvinas, el que se llevaría a cabo entre el 11 y el 21 de diciembre de 2019. Manifestó que aunque había abonado la totalidad del precio convenido, la armadora no cumplió con sus obligaciones. Afirmó que el sistema de posicionamiento satelital de buques ubica al RCGS Resolute en el puerto de Buenos Aires y fundó la jurisdicción en los artículos 116 de la Constitución Nacional Argentina, art. 515 de la Ley de Navegación y art. 2602 del Código Civil y Comercial de la Nación.
El juez de primera instancia se declaró incompetente y rechazó el pedido de embargo e interdicción para navegar del buque RCGS Resolute. Sostuvo que “la petición de embargo…se fundaría en el contrato celebrado fuera del país entre dos empresas extranjeras…que pactaron que el acuerdo se regiría por las leyes de la provincia de British Columbia y cualquier disputa se derivaría a la Corte Suprema de British Columbia (ver cláusula 25)”. Asimismo, consideró que “[d]icha circunstancia –en principio- obstaría a la intervención de los tribunales argentinos, la que excepcionalmente procedería en virtud de lo dispuesto por el art. 611 de la Ley de Navegación, en tanto prescribe que ‘El derecho de embargar, tomar cualquier otra medida precautoria y vender judicialmente un buque, se regula por la ley de su situación’. Y concluyó que la carencia de jurisdicción resultaba evidente en la medida que no se había acreditado ningún elemento de contacto con el país.
La sentencia fue apelada y la Cámara confirmó la solución. Citó los artículos de la ley de navegación aplicables e incluso ahondó en citas doctrinarias, pero concluyó que desde el 3 de enero de 2020 hasta el 3 de febrero de 2020 no fue aportada ninguna prueba que acredite que el buque estaba en puerto argentino.
El juez y la Cámara se declaran incompetentes. Debe ser lo único con lo que estoy de acuerdo con el fallo; realmente son incompetentes, pero como veremos, no para dictar la cautelar.
En primer lugar, no le correspondía al peticionante de la medida acreditar que el buque estaba en puerto, de la misma manera que no se le exige a quien pide un embargo en una cuenta que adjunte copia del resumen bancario, o a quien pide embargo de un inmueble que adjunte la escritura. La justicia debería haber ordenado la traba del embargo, y si el buque no está en puerto pues eso contestará la AGP cuando responda el oficio.
Lo cierto es que a los jueces les hubiera bastado con leer los diarios para enterarse que el buque estaba amarrado y embargado a pocas cuadras de su despacho. Todos los medios dieron cuenta del crucero de lujo que iba a la Antártida y quedó varado en Buenos Aires.
La propia sentencia refiere a un informe producido por la Administración Nacional de Puertos que da cuenta que el buque RCGS Resolute habría ingresado al puerto de Buenos Aires el 13 de diciembre de 2019 a las 18:00 horas y egresado [el] 10 de enero de 2020 a las 00:00 horas. Aunque en realidad el buque ya estaba en puerto embargado el 1º de noviembre y la medida se habría levantado recién en febrero de este año.
Esto quiere decir que con un mínimo, mínimo, de diligencia el pedido de embargo realizado el 3 de enero podría haberse resuelto antes del 10 de enero en el que el buque salió del puerto y la medida se hubiera trabado.
En otra causa contra el mismo buque tramitada ante el Juzgado Federal de Ushuaia - Canigia, Ernesto Oscar c. Buque Rcgs Resolute -, se ordenó trabar el embargo (lo que permitió al acreedor obtener la cancelación de su crédito) y el juez dijo que: “el peligro de la demora resulta ínsito en este tipo de procesos, pues es esencial al buque su permanencia limitada en Puerto, debiendo continuar su navegación, debiendo asimismo tenerse presente que tratándose de un buque de bandera extrajera su retorno a esta ciudad puede no volver a producirse”.
En otra causa -Estibaje San Pedro c. BalticShipping-, en trámite ante el Juzgado Federal de San Nicolas se dijo que: “el embargo preventivo es un instrumento fundamental en el sistema del crédito naval para la protección de los derechos del acreedor. … Si bien el embargo preventivo se trata de un instituto de derecho procesal lo cierto es que por la naturaleza del bien sobre el cual recae (el buque y su afectación a la navegación) de exigirse el cumplimiento de los recaudos de la ley ritual común podría convertirse en ilusorio por la urgencia que requiere tal medida. Esto justifica el sistema normativo particularista que incluye la previsión de la habilitación de días y horas en forma expresa en el art. 547 de la Ley de Navegación”.
El art. 612 de la ley de navegación dispone que Los tribunales nacionales son competentes para entender en todo juicio en que sea parte un propietario o armador de un buque de bandera extranjera, en los casos en que, según esta ley, el buque puede ser embargado.
El art. 532, por su parte, establece que Los buques extranjeros surtos en puertos de la República, pueden ser embargados preventivamente: a) Por créditos privilegiados
Finalmente, el art. 476 dice que Son privilegiados en primer lugar sobre el buque: … h) Los créditos que tengan su origen en contratos de locación o fletamento de un buque o en un contrato de transporte;
El crédito en base al cual se solicitaba el embargo surgía de un contrato de fletamento. Ergo, era un crédito privilegiado, lo que autorizaba el embargo del buque, y, en consecuencia, le daba jurisdicción al juez argentino. Es un razonamiento que los alumnos son capaces de hacer en la primer clase de Derecho Internacional Privado y años de experiencia lo demuestran (y lo digo en serio).
Resulta indudable, conforme lo señalado, que el juez argentino era competente para ordenar el embargo e interdicción de salida del buque y así debiera haberlo hecho y de manera urgente, incluso habilitando días y horas al efecto.
Queda claro que la justicia argentina era competente en virtud del razonamiento ya desarrollado. Pero incluso si las normas específicas del derecho marítimo no hubieran otorgado jurisdicción al juez argentino, el art. 2603 del CCC dispone que Los jueces argentinos son competentes para disponer medidas provisionales y cautelares: … en casos de urgencia, cuando los bienes o las personas se encuentran o pueden encontrarse en el país, aunque carezcan de competencia internacional para entender en el proceso principal;
Se trata de las medidas cautelares territoriales que son aquellas que pueden ser solicitadas y adoptadas directamente por el juez del lugar donde se encuentran los bienes aunque ese juez no esté investido de jurisdicción internacional para entender en el proceso (Noodt Taquela).
En mi opinión no resultaba necesario -ni posible- recurrir al foro de necesidad regulado en el art. 2602 del CCC (invocado por el peticionante) ya que este foro tiene como presupuesto la inexistencia de jurisdicción internacional de los jueces argentinos, lo que como vimos no se cumple en el caso.
El año recién comienza y en estos tiempos difíciles hay que tener fe que lo mejor está por venir. Seguro que esto también se aplicará a la jurisprudencia y veremos mejores fallos.