• Los INCOTERMS 2020 están aquí!


    12 de septiembre de 2019
  • Feliz octavo aniversario!


    1 de octubre de 2014
  • El mejor blog de Derecho Internacional 2011


    5 de diciembre de 2011
  • Habemus Codex


    2 de octubre de 2014

7 de septiembre de 2021

Masterclass "El nuevo Derecho Internacional uruguayo: Ley General de Derecho Internacional Privado de Uruguay"


El Departamento de Derecho Internacional y Derecho Comunitario de la Universidad Austral invita a participar de la Masterclass El nuevo derecho internacional uruguayo:  Ley General de Derecho Internacional Privado de Uruguay que se dictará el Miércoles 8 de septiembre a las 17:00 horas (GMT-3), vía streaming. 

La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa.

Expositor

  • Prof. Didier Opertti Badán

Moderador

  • Prof. Diego P. Fernández Arroyo

25 de agosto de 2021

Breve comentario al fallo Milantic c. Astillero Río Santiago de la CSJN

Milantic Trans S.A. c/ Ministerio de la Producción (Ast. Río Santiago y ot.) s/ ejecución de sentencia - recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y nulidad. Breve comentario a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 5 de agosto de 2021.

Por Julieta Cappelletti, publicado en DIPr Argentina el 25/08/21.

El caso Milantic versa sobre el reconocimiento de un laudo arbitral dictado en Londres el 15 de noviembre de 2004, como resultado de un proceso que Milantic inició en 1999. El pleito se inició a raíz del incumplimiento contractual por parte de Astillero Río Santiago

(propiedad de la Provincia de Buenos Aires) en un contrato celebrado en 1996 y que tenía como objeto la construcción de un buque. El tribunal arbitral decidió condenar al Astillero Río Santiago a pagar más de tres millones de dólares más intereses (que se devengan desde hace más de veinte años).

El pasado 5 de agosto la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a este proceso de ejecución y dejó sin efecto, —con votos concurrentes de los Ministros Maqueda y Lorenzetti— la sentencia dictada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires de 30 de marzo de 2016. Aquella decisión había rechazado la ejecución del laudo arbitral extranjero basándose en la afectación al orden público. La Corte bonaerense fundó su decisión en el artículo V.2 de la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 26 de agosto de 1988 que autoriza a los tribunales locales a examinar de oficio posibles violaciones al orden público internacional.

El análisis de la Corte Suprema se limitó a considerar si el art. V.2 de la Convención deNueva York habilitaba a reintroducir de oficio defensas que ya habían sido planteadas y rechazadas en primera instancia. El artículo en cuestión establece, en su parte relevante, que “la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución” podrá “denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral” si comprueba que dicho reconocimiento o ejecución “serían contrarios al orden público de ese país”.

La Corte analizó el contenido de esta norma a la luz de los principios de orden público de la Constitución Nacional y es así como entendió que una respuesta afirmativa a la reintroducción de defensas afectaría los principios constitucionales de congruencia y cosa juzgada. En línea con este razonamiento, la Corte no se adentró en la cuestión planteada por la SCBA, una decisión que estimamos acertada, toda vez que limita la intervención de los jueces de instancias de apelación en la revisión ultra petita de cuestiones no apeladas — en este caso, la revisión del fondo del laudo que se busca ejecutar.

También es destacable la crítica de la Corte a los representantes de Astilleros Río Santiago y de la Provincia de Buenos Aires que debieron haber objetado lo decidido en primera instancia sobre el fondo del asunto, pero únicamente apelaron la imposición de costas.

Por último, creemos que es importante recordar la importancia de los términos y conceptos de derecho internacional privado, por ejemplo, cuando las distintas instancias judiciales argentinas que debatieron el caso analizaron el concepto de “orden público” en el marco de la Convención de Nueva York. En los casos de derecho privado con elementos extranjeros —como lo es el arbitraje— no se analiza el orden público interno ni el orden público de la Constitución Nacional, sino el orden público internacional argentino, en consecuencia, los tribunales argentinos no podrán reconocer una sentencia o laudo arbitral extranjero si este violase los principios de orden público internacional de nuestro país.

En esta lógica, cuando en la sentencia que analizamos se menciona que: “como todo tratado internacional ratificado por nuestro país, [el análisis] debe hacerse siempre de conformidad con los principios de derecho público establecidos en la [CN]” estimamos que debe entenderse que se está refiriendo a los principios de orden público internacional —que refiere al conjunto de principios y valores en que se basa nuestro ordenamiento jurídico, que normalmente se encuentra implícito o explícito en nuestra norma magna. Este es el razonamiento detrás del artículo 104(b)(II) de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional (Ley 27449) que autoriza a los tribunales judiciales a rechazar el reconocimiento de laudos cuando estos sean “contrarios al orden público internacional argentino” y también el del artículo 2600 del Código Civil y Comercial de la Nación que, de manera similar, autoriza a los jueces a excluir las disposiciones de derecho extranjero que resulten aplicables cuando conduzcan a “soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino”.


Las cuatro sentencias de esta saga judicial de 20 años que le costará a los bonaerenses mas de once millones de dólares están disponibles en la base de jurisprudencia de DIPr Argentina. Para su comodidad les copio los links:

CSJN, 05/08/21, Milantic Trans S.A. c. Ministerio de la Producción (Astilleros Río Santiago).

SCBA, 30/03/16, Milantic Trans S.A. c. Ministerio de la Producción (Astilleros Río Santiago).

24 de mayo de 2021

Contratos Comerciales Internacionales en las Américas



La Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA invita a la quinta sesión del Foro virtual "Los Trabajos del Comité Jurídico Interamericano". 

  • “Contratos Comerciales Internacionales en las Américas”
    Lunes, 24 de mayo de 2021, 11:00 a. m., hora de Washington D.C. (una hora más tarde en Argentina)
En esta sesión, los panelistas analizarán la Guía sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Comerciales Internacionales en las Américas, aprobada por el Comité Jurídico Interamericano en marzo de 2019.  Especial énfasis será acordado a los enfoques que fomentan y apoyan la autonomía de la voluntad y la elección de derecho, consagrados por los 18 principios de la Guía.  También habrá explicaciones en torno al desarrollo de la Guía y la influencia que tuvieron en su elaboración la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (conocida como la Convención de México) y su conexión con los Principios de La Haya sobre Elección de la Ley en Contratos Comerciales Internacionales.  La discusión concluirá con consideraciones pragmáticas sobre la implementación de las recomendaciones por parte de los Estados, legisladores, adjudicadores y partes contratante.

Expositores:
Presentación de la Guía del CJI
•    Dr. José Moreno Rodriguez, Miembro del Comité Jurídico Interamericano  y  relator del tema sobre contratos comerciales internacionales en las Américas.

Comentarios y reflexiones
•    Dra. Cecilia Fresnedo, Miembro del Comité Jurídico Interamericano.

•    Dr. Eduardo Benavides, Abogado peruano en representación del American Bar Association.
 
Moderadora:
•   Dra. Jeannette TramhelOficial Jurídica Principal, Departamento de Derecho Internacional, Secretaría de Asuntos Jurídicos, OEA.

*Al término de las intervenciones habrá una sesión de preguntas y respuestas utilizando la Función de Q&A en la plataforma Cisco WebEx.
*Se ruega considerar que esta sesión se realizará en español y no se contará con interpretación simultánea.
*La sesión será grabada y estará disponible en video posteriormente en esta página web.


» Consulte el programa, detalles para participar e instrucciones de conexión en http://www.oas.org/es/sla/foro_virtual_CJI_Contratos_Comerciales_Internacionales_Americas.asp.

» Para preguntas o comentarios, por favor contacte a la Dr. Luis Toro a través del correo electrónico LToro@oas.org.

26 de marzo de 2021

Sesión abierta 2021 de la Competencia Willem C. Vis sobre Arbitraje Comercial Internacional


La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires invita a todos los interesados a presenciar una sesión abierta de práctica del equipo que representará este año a la Facultad en las rondas internacionales de la Competencia “Willem C. Vis” sobre arbitraje comercial internacional. La sesión abierta consistirá en una simulación de audiencia similar a las que el equipo tendrá en la competencia internacional y tendrá lugar hoy viernes 26 de marzo de 2021 a las 17 h, por Zoom.

Programa:

  • 17 a 17:15 h: Introducción al caso, puntos de conflicto y cuestiones sobre las que alegarán las partes.
  • 17.15 a 18.15 h: Sesión pública del equipo de la UBA.
  • 18.15 a 18:45 h: Comentarios del tribunal al desarrollo de la audiencia. Agradecimientos y clausura de la sesión.

El Tribunal Arbitral estará integrado por:

  • Jean Paul Dechamps, Socio de Dechamps International Law;
  • Agustina Fanelli Evans, Socia de O’Farrell; e
  • Ignacio Minorini Lima, Socio de Bruchou.

La audiencia se desarrollará en inglés, sin traducción.

Entrada libre sin inscripción previa.

Unirse a la reunión
ID de reunión: 815 9904 8738
Código de acceso: 501312

22 de marzo de 2021

Nuevas adhesiones al Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños

El 9 de febrero de 2021 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes dictó el Acuerdo N° 2 por el cual resolvió “1°) Adherir al Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños" elaborado por la Comisión de Acceso a la Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Un mes antes, el 12 de enero de 2021 la Corte de Justicia de la provincia de Salta dictó la Acordada N° 13276 por la cual adhirió al mismo Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños aprobado por la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ). En la misma Acordada se dispuso la participación del Poder Judicial de Salta en la experiencia piloto para la implementación de la mediación a la aplicación de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños.

Estas novedades nos sirven de excusa para repasar brevemente las diferentes normas que regulan el proceso de restitución internacional en nuestro país.

El mencionado Protocolo de Actuación para el Funcionamiento de los Convenios de Sustracción Internacional de Niños es un instrumento de soft law que tiene por finalidad brindar pautas de actuación a los operadores del Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (Convenio de La Haya) y de la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 (Convención Interamericana).

La provincia de Salta sigue los pasos de otras provincias que también se adhirieron al mencionado Protocolo de actuación. Tucumán lo hizo mediante Acordada N° 625/2017; San Luis hizo lo propio mediante Acuerdo N° 654/2018; Río Negro se adhirió por Acordada N° 15/2018; La Pampa se adhirió por Acuerdo N° 3629/2019; y Chubut se adhirió por Acuerdo Plenario N° 4691/18.

20 de marzo de 2021

Seminario "Derecho Internacional Privado en debate: Temas selectos"



La Secretaría de Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba organiza el seminario "Derecho internacional privado en debate: temas selectos" que se llevará a cabo los días martes 9, 16, 23, y 30 de abril de 2021.
Debatirán, entre otros, Sixto Sánchez Lorenzo, Adriana Dreyzin de Klor, Daniel Trecca, Carlos Echegaray de Maussion, Mayela Celis, Amalia Uriondo de Martinoli, José Carlos Fernández Rozas, y María Elsa Uzal.

Inscripciones en: https://forms.gle/fQa2F8tVCckQHYn2A


Actualización con el cronograma de temas y expositores

17 de marzo de 2021

Convenio de Montreal de 1999 sobre Transporte Aéreo Internacional. Nuevos límites de responsabilidad

El Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al Transporte Aéreo Internacional, más conocido como CONVENIO DE MONTREAL DE 1999, se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración.

En Argentina el Convenio fue aprobado por Ley N° 26.451, y se encuentra vigente desde el 14/02/2010.

A marzo de 2021 el Convenio ha sido ratificado por 137 Estados -entre los que se encuentran los principales destinos desde nuestro país, y los países con mayor tráfico aéreo- por lo que creemos que sin dudas ya ha alcanzado su objetivo de “modernizar y refundir el Convenio de Varsovia y los instrumentos conexos” aunque la jurisprudencia argentina todavía mantenga dudas al respecto.

La convención dispone en sus artículos 21 y 22 límites a la responsabilidad en casos de muerte o lesiones de los pasajeros, y respecto al retraso, el equipaje y la carga. Con el fin de mantener el valor de estos topes y evitar su licuación por el paso del tiempo, los límites están fijados en DEG’s (Derechos Especiales de Giro) que es un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969.

Sin perjuicio de esto, y de conformidad con el art. 24, los límites de responsabilidad deben ser revisados y actualizados por la Organización de Aviación Civil Internacional – OACI, en su calidad de Depositario, cada cinco años para preservarlos de los efectos de la inflación.

En cumplimiento de este procedimiento la OACI revisó los límites en los años 2009 y 2019, y esta última actualización de los montos se encuentra vigente desde el 28 de diciembre de 2019.

No se trata precisamente de una novedad, pero considerando que muchos tribunales continúan aplicando el límite original de la convención es evidente que se necesita una mayor difusión.

En el cuadro de abajo se observa el límite original en la Convención, y las dos revisiones realizadas en los años 2009 y 2019. En la última columna, y solo a modo de ejemplo, se convierten a pesos los montos al día 16/03/21.

 

Convenio de Montreal de 1999

Límites originales en DEG

Límites revisados al 30/12/09 en DEG

Límites revisados al 28/12/19 en DEG

Monto en pesos al 16/03/21

Artículo 21

100 000

113 100

128 821

$16.780.498,23

Artículo 22, párrafo 1

4 150

4 694

5 346

$696.381,36

Artículo 22, párrafo 2

1 000

1 131

1 288

$167.777,62

Artículo 22, párrafo 3

17

19

22

$2.865,76

 

19 de octubre de 2020

Las TIC's y el Derecho Internacional Privado



 

27 de mayo de 2020

¿Un Derecho Internacional Privado frente al pánico global?


La sección de Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional organiza este jueves 28 de mayo de 2020 de 17 a 19 hs un encuentro académico teórico – práctico vía Zoom titulado ¿Un Derecho Internacional Privado frente al pánico global?

Los expositores y temas a tratar son:

Oscar González Pereira - Los interrogantes del contrato de trabajo internacional ante el Covid 19.

Julio César Córdoba – Vuelos cancelados, vacaciones frustradas ¿Qué soluciones brinda el DIPr?

Analía Consolo – El derecho de las niñas y niños de cara al Covid 19.

Alejandro A. Menicocci – Arbitraje comercial internacional ante la pandemia.

Inscripciones al mail seccionprivado@aadi.org.ar


14 de mayo de 2020

Instrumentos internacionales aplicables a los efectos del Covid 19 sobre los contratos internacionales

María Blanca Noodt Taquela *

 

                   I.            Introducción. [1]

El impacto del COVID 19 en los contratos internacionales requiere en primer lugar un análisis de los instrumentos internacionales aplicables. Vamos a analizar en primer lugar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Viena el 11 de abril de 1980 y otros tratados sobre compraventa; en segundo lugar, los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales de 1994 y en tercer lugar otros instrumentos internacionales.

 

                II.            Convención de Viena de 1980 y otros tratados sobre Compraventa Internacional de Mercaderías.

El artículo 79 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Viena el 11 de abril de 1980, es la norma que regula la exoneración de responsabilidad de la parte que no cumple el contrato debido a un impedimento ajeno a su voluntad, que era imprevisible en el momento de la celebración del contrato, y que no puede ser evitado o superadas sus consecuencias.

La caracterización del impedimento está expresada en el primer párrafo del artículo 79 en estos términos:

Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase sus consecuencias.

La Convención de Viena de 1980 tiene 93 Estados Partes[2] pero su ámbito de aplicación es mayor, ya que no solo se aplica cuando el establecimiento del vendedor y el del comprador se encuentran en distintos Estados Partes (artículo 1.1.a), sino también cuando el contrato de compraventa se rige por el derecho de un Estado Parte (artículo 1.1.b).[3]

En líneas generales puede decirse que la Convención es aplicable cuando el domicilio o establecimiento del vendedor se encuentra ubicado en un Estado Parte de la Convención, salvo que se haya pactado alguna de las cláusulas D de los INCOTERMS[4] de la Cámara de Comercio Internacional que implican la entrega de las mercaderías en el país del comprador y por ende hacen aplicable su derecho al contrato de compraventa. Esta determinación del derecho aplicable resulta de los artículos 37 y 38 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 o 33 y 34 del Tratado de Montevideo de 1889 o del artículo 2652 del CCCN argentino, que son las fuentes normativas que debe utilizar un juez argentino para determinar el derecho aplicable a un contrato de compraventa internacional de mercaderías.

La Convención sobre la Prescripción en materia de Compraventa Internacional de Mercaderías, adoptada en Nueva York, el 14 de junio de 1974 tiene 30 Estados Partes. Fue enmendada por el Protocolo adoptado en Viena el 11 de abril de 1980, para adecuar la Convención de 1974 a la Convención de Compraventa de 1980 y el instrumento enmendado tiene 23 Estados Partes.[5]

La aplicación del artículo 79 de la Convención de Viena de 1980 depende también de la autonomía de la voluntad de las partes, ya que éstas podrían dejar de lado esa norma o la totalidad de la Convención o agregar condiciones y efectos, por el amplísimo margen que otorga el artículo 6 de la misma Convención.[6]

Desde nuestro punto de vista, también podrían las partes pactar la aplicación del artículo 79 o la totalidad de la Convención en los casos en que ella no resulte aplicable, en tanto el sistema del derecho internacional privado del juez que entienda en la causa lo autorice. Así, si intervinieran los tribunales argentinos, el artículo 2651 del Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015 – particularmente su inciso c) – da amplio margen a los contratantes para adoptar la Convención de Viena.

La pandemia del Corona virus en sí misma, y las medidas adoptadas por los Estados en consecuencia, pueden encuadrarse en el artículo 79 de la Convención de Viena de 1980, en tanto situación de fuerza mayor que impide a una de las partes o eventualmente a ambas cumplir el contrato. Sin embargo, dependiendo de la fecha en que se haya celebrado el contrato internacional, los países desde donde y hacia donde estuviera previsto que se trasladaran las mercaderías y otras circunstancias del caso, no siempre se configurará el supuesto de fuerza mayor. ¿Cabe la posibilidad de plantear excesiva onerosidad o teoría de la imprevisión si es aplicable esta Convención?

La posibilidad de invocar una excesiva onerosidad en el marco del artículo 79 de la Convención de Viena de 1980 ha generado opiniones encontradas[7], que llevaron a que el Consejo Consultivo en materia de compraventa internacional de mercancías se pronunciara sobre el tema en su Opinión n° 7 del año 2007, dictaminando que el artículo 79 incluye la excesiva onerosidad o “hardship”. Transcribimos una parte de la Opinión Consultiva, cuyo relator fue el profesor argentino Alejandro M. Garro:

Opinión nº 7 del Consejo Consultivo en materia de compraventa internacional de mercancías (CISG-AC) [8] sobre Exoneración de responsabilidad por daños bajo el artículo 79 de la CISG, Wuhan, República Popular de China, 12 de octubre de 2007.

Un cambio de circunstancias que no pudiera ser razonablemente previsto, haciendo su cumplimiento excesivamente oneroso (“hardship”), puede cualificarse como un “impedimento” de acuerdo con el artículo 79(1) […]

Por lo tanto, una parte que se encuentre a sí misma en una situación de “hardship” puede invocarlo como una causa de exoneración de la responsabilidad en aplicación del artículo 79.

Sucede que el Consejo Consultivo elaboró en febrero de 2020 la Opinión n° 20, adoptada en Puerto Vallarta, México, sobre el tema "Hardship" y cuyo relator fue Edgardo Muñoz.[9] Esta Opinión todavía no ha sido publicada y habrá que estar atentos a su aparición.

 

             III.            Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales 1994/2016.

 

Los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales fueron publicados en su primera edición en 1994, luego ampliados en 2004, 2010 y 2016.[10] Se trata de un instrumento que - al modo de los “Restatements” de Estados Unidos de América – recoge el trabajo realizado por expertos de países de diferentes culturas jurídicas; si bien están redactados como normas de una ley o tratado, no se trata de un instrumento vinculante, ya que no está destinado a ser aprobado por los Estados. Completan las denominadas “black letter” los comentarios explicativos, que son de mucha utilidad.

Los Principios deben ser aplicados obligatoriamente al contrato cuando han sido pactados por las partes, pero también pueden ser aplicados, como lo indica su Preámbulo, cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del derecho, la “lex mercatoria” o expresiones semejantes o cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato. También pueden ser utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme o el derecho nacional y pueden servir como modelo para los legisladores nacionales e internacionales.

La excesiva onerosidad (hardship) está contemplada en el artículo 6.2.2 de los Principios en estos términos:

(Definición de la “excesiva onerosidad” (hardship))

Hay “excesiva onerosidad” (hardship) cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una parte recibe ha disminuido, y:

(a) dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del contrato;

(b) los eventos no pudieron ser razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el momento de celebrarse el contrato;

(c) los eventos escapan al control de la parte en desventaja; y

(d) el riesgo de tales eventos no fue asumido por la parte en desventaja.

Por su parte el artículo 7.1 de los Principios contiene una detallada regulación del incumplimiento. Además del tratamiento de la fuerza mayor en el artículo 7.1.7, hay que destacar que los Principios se ocupan de la subsanación del incumplimiento (artículo 7.1.4), de la concesión de un periodo suplementario para el cumplimiento (artículo 7.1.5) y de las cláusulas de exoneración de la responsabilidad (artículo 7.1.6).

Todas estas normas pueden ser de utilidad para abordar los contratos con prestaciones pendientes de cumplimiento como consecuencia de la pandemia desatada y de las medidas adoptadas en consecuencia por los Estados.

Además de los supuestos en que las partes acordaron la aplicación de los Principios, pueden ser considerados usos del comercio internacional, aunque sobre este punto las opiniones no son pacíficas. Los laudos arbitrales y la jurisprudencia estatal que aplica los Principios de UNIDROIT, sistematizados en la Base de datos UNILEX, administrada por UNIDROIT muestran las distintas posturas existentes.[11]

Los Principios UNIDROIT no excluyen la aplicación de normas imperativas o de policía dictadas por los Estados para enfrentar la crisis, tal como está contemplado en el artículo 1.4 de los Principios:

(Normas de carácter imperativo) Estos Principios no restringen la aplicación de normas de carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional o supranacional, que resulten aplicables conforme a las normas pertinentes de derecho internacional privado.

 

             IV.            Otros Instrumentos internacionales.

Existen varios tratados internacionales que podrán ser aplicables según que se trate de contratos de transporte aéreo - Convención para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, adoptada en Montreal, el 28 de mayo de 1999 [12] - o de transporte marítimo de mercaderías - Convención internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos, firmada en Bruselas, el 25 de agosto de 1924[13] - o de contratos vinculados con derechos de autor o de propiedad intelectual en general, tales como el Convenio para la protección de las obras literarias y artísticas, firmado en Berna, el 9 de septiembre de 1886 y sus sucesivas enmiendas [14], o el Convenio para la protección de la propiedad industrial, adoptado en París, el 20 de marzo de 1883 y sus sucesivas revisiones.[15]

Si bien las medidas de cuarentena tomadas por los Estados reducen o eliminan totalmente el traslado de personas y de mercaderías y por ende el transporte internacional, la transmisión electrónica de datos se ha incrementado notablemente y los contratos internacionales que se ocupan de noticias, música, teatro, cine, plástica y arte en general imperan en este momento, así como el teletrabajo y la educación a distancia. No puede dejar de tenerse en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, firmada en Nueva York, el 23 de noviembre de 2005, aunque no haya sido aprobada por Argentina.

Claro que las nuevas tendencias metodológicas de elaboración o codificación del Derecho internacional privado agregan al clásico sistema de los tratados internacionales, otros instrumentos internacionales, tales como las leyes modelo [16], las guías legislativas, las recomendaciones, las guías de buenas prácticas y otras guías jurídicas[17]. Además, vinculados estrechamente con la autonomía de la voluntad, los usos del comercio internacional son incorporados por referencia por las partes y las cláusulas y los contratos modelo y las condiciones generales de contratación, tienen también una función muy importante en la contratación internacional.

Así la cláusula de fuerza mayor y de onerosidad excesiva (hardship) de la Cámara de Comercio Internacional, cuya primera publicación se realizó en 2003 y la segunda en marzo de 2020 reviste hoy suma importancia como herramienta apropiada para encarar situaciones de incumplimiento derivadas de la pandemia.

Por último, queremos mencionar la importancia que revisten en las actuales circunstancias los Códigos de ética o de conducta, que son elaborados y publicados en forma unilateral por una de las partes, pero esa parte queda sometida a esa normativa y obligada por los compromisos asumidos frente a la otra parte. En las contrataciones electrónicas y en general en las relaciones internacionales que se generan como consecuencia de los desarrollos tecnológicos, la utilización de este tipo de normas - Códigos de ética o Códigos de conducta – tienen una importancia creciente.



 

*Profesora de Derecho internacional privado de la Universidad de Buenos Aires y de la Academia de La Haya de Derecho Internacional en 2012.

[1]  Este trabajo está basado en la exposición realizada en la Jornada intercátedras de Derecho internacional privado “El impacto del COVID 19 en los contratos internacionales” que tuvo lugar el viernes 8 de mayo de 2020, en el que participaron también las profesoras María Susana Najurieta, María Elsa Uzal y Carolina D. Iud,  disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=qdIYDqGKtXY&t=11s

[2]  Información al 8 de mayo de 2020, disponible en:  www.uncitral.un.org 

[3]  El ámbito de aplicación “extendido” del art. 1.1.b) puede ser dejado de lado por los países que formularon la reserva respectiva, que son Armenia, China, Eslovaquia, Estados Unidos de América, República Popular de Lao, San Vicente y las Granadinas y Singapur. Ver:  www.uncitral.un.org. Es interesante mencionar que, al ratificar la Convención, el Gobierno de Alemania declaró que no aplicaría el inciso b) del párrafo 1) del artículo 1 con respecto a cualquier Estado que hubiese hecho una declaración por la que ese Estado no aplicaría el inciso b) del párrafo 1) del artículo 1, es decir Alemania no formuló la reserva, pero la bilateraliza. Sobre la aplicación de la Convención y otros tratados internacionales ver: María Blanca Noodt Taquela “Cuándo deben aplicarse los tratados de Derecho internacional privado” en Revista La Ley, Buenos Aires, 14 de marzo de 2018, pp. 1-6; La Ley-2018-B, pp.678 ss; cita on line: AR/DOC/449/2018.

[4] Los INCOTERMS fueron publicados por primera vez por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y actualmente existe la edición INCOTERMS 2020. Ver:  https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020

[5] La información sobre el estado de ratificaciones y adhesiones de ambos tratados está actualizada al 8 de mayo de 2020: ver:  www.uncitral.un.org 

[6] Guerrero-Rocca, Gilberto A. “Arbitraje internacional al ‘rescate’ de la CISG en tiempos del COVID-19”, disponible en: https://ciarglobal.com/arbitraje-internacional-al-rescate-de-la-cisg-en-tiempos-del-covid-19/

[7]  Puede verse un análisis de las distintas opinions en Schwenzer, Ingeborg “Force majeure and hardship in international sales contracts”, Victoria University of Wellington Law Review, 39 (4), 2009, pp. 709-726.

[8] Disponible, incluso en español en  https://www.cisgac.com/

[9] http://www.cisgac.com/schedule-of-work/ No se encuentra publicada al 12 de mayo de 2020.

[10]  Disponibles, incluso en español  en https://www.unidroit.org/contracts

[11] http://www.unilex.info/

[12] La Convención de Montreal de 1999 fue aprobada por Argentina por ley 26.451, sancionada en 2008.

[13] La Convención de Bruselas de 1924 fue aprobada por Argentina por ley 15.787.

[14]  El Convenio para la protección de las obras literarias y artísticas, firmado en Berna, el 9 de septiembre de 1886 y sus sucesivas enmiendas, completado, revisado en París el 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, fue aprobado por Argentina por ley 25.140, sancionada en 1999.

[15] El Convenio de Paris de 1883 fue aprobado por Argentina por ley 17.011.

[16] Entre muchas otras, se puede mencionar la ley modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional de 1985, modificada en 2006. Disponible en: http://www.uncitral.un.org

[17] Noodt Taquela, María Blanca “Actualización del Derecho Internacional Privado en la región: los esfuerzos nacionales” en Derecho internacional, Mundialización y Gobernanza (Jornadas de la ASADIP 2012), organizadores: Aníbal Sierralta, Claudia Lima Marques y José A. Moreno Rodríguez, Lima, CIAC/ASADIP/CEDEP, 2012, pp.119-132.